Resoluciòn Sala I de Apel. de La Plata.Prisiòn domiciliaria.Pensamiento Penal

a Plata, de mayo de 2013.
Y VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto por el Sr. defensor particular Dr. Barbosa en la Causa N° 2188 de trámite por ante el Tribunal Criminal N°4 seguida a Leonardo Rafael Crespo, contra el auto de fs. 34/37 por el cual no se hace lugar a la solicitud de morigeración de la prisión preventiva, y practicado el sorteo de ley resultó que debe observarse el siguiente orden de votación: OYHAMBURU – DALTO – SILVA ACEVEDO.
CONSIDERANDO :
La Sra. Juez Dra. Oyhamburu dijo:

  1. – El recurrente manifiesta que Crespo tiene arraigo por poseer domicilio y familia; asimismo refiere que no tiene antecedentes penales ni contravencionales. Asimismo señala que la calificación ambiental al momento de solicitarla sería excelente ya que cuenta con un núcleo familiar óptimo para su contención, adunando a ello los informes de conducta ejemplar dentro de la Unidad Penitenciaria donde trabaja.

Destaca la defensa que Crespo tiene un alto nivel educativo, que actualmente cursa la carrera de periodismo con notas sobresalientes y tiene ofertas laborales en caso de salir al medio libre.
Por otro lado el impugnante hace cita del precedente Verbitsky, y refiere que las cárceles no son seguras y mucho menos para un primario como es Crespo, citando Informe Anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria.
Entiende el Sr. defensor que cabe morigerar el encierro que sufre su asistido por aplicación del art. 163 del ritual. Cita en apoyo de su postura resoluciones del Tribunal de Casación Penal Bonaerense.
Puntualiza la defensa de Crespo que éste trabaja en la Unidad donde se encuentra alojado, está dedicado a la práctica del Rugby con fines de reinserción social, ha estudiado hasta el primer año del nivel terciario del Instituto 12 la carrera de Programación de Sistemas, asimismo inició la Carrera de Periodismo de la que rindió 22 materias, sale al aire por radio keops, colaboró para capacitar internos analfabetos a fin que puedan leer y escribir y ha dado clases de apoyo en nivel primario y secundario, solicitó se lo incluya como docente, y asimismo cuenta con oferta laboral.
Se agravia el Dr. Barbosa del auto en crisis señalando que la resolución recurrida no trató el tema referido al peligro de fuga, señala que en base a fundamentos genéricos y omitiendo tratar cuestiones trascendentales el Tribunal rechazó la morigeración solicitada. Entiende que no se habló del peligro procesal de fuga “concreto” respecto a Crespo. Se agravia del auto en crisis señalando que tiene fundamentación aparente.
Señala el Sr. defensor que hay hechos incontrovertibles y son que Crespo se encuentra procesado no penado; que tuvo más de 40 salidas para cursar (la inmensa mayoría sin custodia) y nunca intentó fugarse, los familiares del nombrado se encuentran con un estado de salud deteriorado.
Finalmente destaca la defensa que no se han solicitado informes, de los que surgiría su ejemplar desempeño en la Facultad y su excelente conducta en la Unidad Penitenciaria.
Solicita la defensa audiencia, y pide comparendo de Crespo para efectivizar los principios de oralidad e inmediación con los Sres. Jueces.
Hace reserva de recurrir en Casación.

  1. –    En virtud de lo dispuesto a fs. 78 de las presentes, se realizó audiencia de visu, la que se llevó a cabo según constancias de fs. 82 y a raíz de la cual se dispuso la realización de medidas de las que se da cuenta a fs. 83.

Posteriormente a fs. 126 se fijó audiencia en los términos del art. 168 bis del ritual, la que se llevó a cabo según constancias de fs. 130/132 vta.

  1. –    Ahora bien, analizados los agravios traídos en el recurso en tratamiento adelanto mi opinión en el sentido que el mismo no puede prosperar por las consideraciones que seguidamente expongo.

Tal como surge del expediente principal, Leonardo Rafael Crespo fue condenado en juicio oral por el Tribunal en lo Criminal N°4 el 17 de marzo de 2008 a la pena de veintidós años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación, por el hecho cometido el 05 de marzo de 2005 del que resultara víctima Analía Escamochero. La citada sentencia fue impugnada tanto por la defensa como por el particular damnificado y el Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, el cual rechazó los recursos deducidos y confirmó el pronunciamiento dictado en la instancia; dicha decisión fue recurrida por la defensa a través de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los que fueran rechazados por la Excma. Suprema Corte de Justicia Bonaerense. La defensa de Crespo, en virtud de lo decidido por el Alto Tribunal de la Provincia dedujo recurso extraordinario
federal, que se encuentra a estudio de admisibilidad.
Señálase que la sentencia citada en el párrafo anterior no ha adquirido firmeza. Y no obstante ello, tal como he dicho en anteriores oportunidades, con el dictado de la sentencia condenatoria la situación de CRESPO LEONARDO RAFAEL se encuentra seriamente comprometida, puesto que con el avance del proceso a través de sus diversas etapas, el grado de certeza logrado respecto de la participación del imputado en el hecho que se le atribuye incide sobre la contundencia y solidez de la medida de coerción dispuesta; debiéndose tener en consideración en el presente caso que la sentencia condenatoria ya ha sido confirmada en dos instancias de impugnación conforme se desprende del parágrafo anterior, circunstancia que fuera puesta de relieve tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el particular damnificado en la audiencia celebrada a tenor del art. 168 bis del C.P.P.
Cabe destacar que no puede asimilarse la situación de quien imputado de un delito no ha sido todavía sometido a juicio, con la de quien ha sido juzgado en audiencia oral y pública y a resultas de la misma se ha dictado a su respecto sentencia condenatoria por encontrarlo responsable del ilícito cometido y en consecuencia condenado a cumplir una pena privativa de libertad.
Durante el proceso y hasta antes del dictado del veredicto y sentencia, la prisión preventiva es una medida cautelar asegurativa del cumplimiento de los fines del proceso y entre ellos, procurar la comparecencia del procesado a los efectos del juzgamiento. Pero una vez pronunciada sentencia condenatoria, la privación de la libertad de quien ha sido condenado – aún cuando el fallo no haya adquirido firmeza- tiene como finalidad específica garantizar la ejecución de la pena. En virtud de ello, no asiste razón al recurrente en cuanto refiere que el Tribunal a quo no trató el peligro de fuga en concreto, toda vez que se refirió a las circunstancias apuntadas en lo relativo a la finalidad que resguarda la medida cautelar en la etapa que transita la presente causa. Y
también en ese sentido cabe destacar lo que surge del art. 371 último párrafo en relación al peligro en definitiva de frustración del proceso.
Asimismo cabe poner de resalto que el art. 1 del C.P.P. al establecer que nadie será considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, no obsta a la interpretación sostenida hasta aquí. Ello por cuanto se refiere al estado de culpabilidad y no a la presunción de culpabilidad que genera la sentencia condenatoria, la cual justifica el mantenimiento de la medida cautelar restrictiva de la libertad que pesa sobre CRESPO LEONARDO RAFAEL.
Teniendo      en     consideración lo referido precedentemente y frente a las conclusiones a las que arriba la perito psicóloga – fs. 123/125 vta. “…A causa de ese estricto control sobre sus sentimientos, puede mostrarse más calmo y estable que la mayoría de las personas, aunque sea emocionalmente reservado y tenso…Es muy probable que su enojo pueda manifestarse directamente en su conducta, cuando fallan la racionalización y el control de la hostilidad… Sus recursos psicológicos (mecanismos defensivos a nivel inconciente), pueden hacer restringida su capacidad para el autocontrol y surgir una tendencia hacia la impulsividad tanto en lo que piensa como en lo que dice o hace…”-, el buen concepto de Crespo referido por la defensa y reflejado en el informe de fs. 98/99 brindado por la Unidad N° 9 donde se encuentra actualmente alojado no alcanzan para enervar la necesariedad del mantenimiento en el caso de la medida cautelar tal como se encuentra establecida.
En relación a las salidas de Crespo sin custodia del establecimiento carcelario para cursar materias de la carrera de Periodismo cuya ponderación efectúa la defensa, he de señalar que las mismas tienen fundamento en el derecho a la educación; y un marco y características diferentes a la solicitud efectuada en el presente incidente de morigeración, y que encontraron justificación -a criterio del Tribunal a quo, fs. 52/57 vta. del incidente de salidas para cursar estudios universitarios- frente a una situación excepcional, por un tiempo determinado y bajo caución personal habiéndose constituido fiador; no siendo su cumplimiento indicativo del desvanecimiento del peligro procesal relativo al cumplimiento de la pena que refiriese en parágrafos anteriores. Por ello, y no asistiendo razón a la defensa, he de rechazar el
agravio formulado.
A lo ya expuesto, corresponde adunar que del estudio de la causa, no se advierte que concurran en el supuesto sometido a consideración de este Tribunal las excepcionales circunstancias que hacen operativos los arts. 159 y 163 del C.P.P., ello no obstante las manifestaciones en ese sentido vertidas por la defensa en oportunidad de articular el recurso en tratamiento y por el propio Crespo en oportunidad de la audiencia de vi su llevada a cabo en esta Sala; no surgiendo ello tampoco del informe ambiental glosado a la causa (fs. 101/111). Y a mayor abundamiento he de referir que la situación de Leonardo Rafael Crespo no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos previstos taxativamente en el art. 159 del ritual antes mencionado; en tanto que tampoco podría serle acordado excepcionalmente el beneficio peticionado, atento especialmente a la valoración de las características del hecho atribuido (el cual reviste particular gravedad por el bien “vida” jurídicamente protegido por la normativa aplicable al caso, y el haber sido cometido en perjuicio de quien fuera su cónyuge) que resulta una de las circunstancias a meritar previstas por el art. 163 del C.P.P., junto con las condiciones personales del imputado referidas en parágrafos anteriores y que emergen de las consideraciones del informe psicológico antes valorado. Adunado a ello lo antes expresado, en cuanto que la sentencia condenatoria ya ha sido confirmada en dos oportunidades.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto, y consecuentemente confirmar la resolución del Tribunal a quo que no hace lugar a la solicitud de morigeración deducida en favor del nombrado Crespo.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Dalto dijo:
Como Magistrado integrante de esta Sala revisora he sostenido que durante el proceso y hasta antes del dictado del veredicto y sentencia, la prisión preventiva es una medida cautelar asegurativa del cumplimiento de los fines del proceso y entre ellos, procurar la comparecencia del procesado a los efectos del juzgamiento. Pero que una vez pronunciada la sentencia condenatoria (en este caso en particular controlada ya por el Tribunal de Casación, cuya decisión fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ésta apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), la privación de la libertad de quien ha sido condenado – aún cuando el fallo no haya adquirido firmeza- tiene como finalidad específica garantizar la ejecución de la
pena (ver voto del suscripto en Causa M-15471/9, Reg. N° 542 del 27/09/11, Libro de Registros interlocutorios año 2011; Causa C-7936/9, Reg. N°248 del 5/05/10, Libro de Registros interlocutorios año 2010, entre otras).
Por ello es cierto lo que expone mi distinguida colega que abre el debate en cuanto que con el dictado de la sentencia condenatoria la situación de Leonardo Rafael Crespo se encuentra seriamente comprometida, puesto que con el avance del proceso a través de sus diversas etapas, el grado de certeza logrado respecto de su participación en el hecho que se le imputa incide en la contundencia y solidez de la medida de coerción impuesta.
El artículo 163 de C.P.P. prescribe que fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159 del mismo texto legal, la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal, cuando la objetiva valoración de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el procesado.
En el caso bajo estudio entiendo que existen especiales y excepcionales circunstancias -en las que me detendré más adelante- que me permiten sostener que la morigeración de la prisión preventiva bastará como cautelar para asegurar los fines del proceso -en el caso, la ejecución de la pena-; por ello es que disentiré con la doctora Maria Silvia Oyhamburu.
Es que la extrema necesidad de evitar riesgos para los objetivos previstos en el art 9.3 del P.I.D.C. y P. (en el caso, la ejecución del fallo) es la única razón que puede invocarse para justificar la prisión preventiva; si no existen tales riesgos, o existiendo pueden neutralizarse de otra forma, tales medidas carecerán de justificación frente al sistema constitucional (nótese que la Comisión IDH, Informe N°12/96, caso 11245 ha dicho que …en tales circunstancias el Estado puede perfectamente adoptar otro tipo de medidas cautelares para asegurar la comparecencia del inculpado, que no signifiquen mayor restricción de su libertad personal”) puesto que la privación de la libertad sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia menos gravosa.
La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos incorporada a nivel constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) se extiende a la etapa de ejecución de sentencia (pues rige “durante el proceso”), especialmente cuando se trata de penas privativas de la libertad. Además, según aquel cuerpo legal, la pena (entendida ya sea como medida represiva, como un castigo por el delito) o su ejecución, tiene por fin esencial la reforma y la readaptación social del sujeto.
En línea con lo que llevo dicho nuestro Superior Tribunal de Justicia local ha sostenido que con la sanción de la ley 13.449 ha tenido viabilidad la adecuación de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a la que también el Alto Tribunal Federal y esa Corte habían exhortado, estableciendo la oralidad y publicidad del trámite para resolver el dictado de la prisión preventiva, su morigeración o la imposición de medidas alternativas o la caducidad o cese de cualquiera de ellas, así como también la revisión periódica de los presupuestos que se tuvieron en cuenta para el dictado de la medida cautelar (art. 168 bis C.P.P.). En esta inteligencia, dice la Suprema Corte, deberán extremarse los recaudos para evitar encarcelamientos innecesarios, adoptando las medidas de cautela o ejecución menos lesivas que a tal efecto ofrecen las legislaciones pertinentes en el ámbito de la coerción procesal y material (el resaltado me pertenece, causa RP 83909 I 19-2-07).
Sin enrolarme en ninguna teoría pero como bien señala José I. Cafferata Nores, que el fin de la pena y su ejecución pueda tender a intentar neutralizar los factores negativos de su personalidad para lograr su readaptación a la vida social; o bien ofrecerle al hombre los medios para obtener un grado mayor de propia dignidad, una mejor aptitud para resolver sus conflictos que pueda incidir en una conducta futura de abstención delictiva; o quizás permitirle la posibilidad de abandonar el rol que motivó su selección criminalizante, saliéndose del estereotipo de vulnerabilidad frente a éste; lo cierto es que la autoridad judicial a cargo de la pena o su ejecución no puede desentenderse del logro de uno de los objetivos declamados por ésta: procurar que el penado (por convencimiento y no por escarmiento) no cometa nuevos delitos, objetivo en que además coinciden con diferentes argumentos, motivaciones y procedimientos, casi todas las teorías al respecto ( ver Proceso penal y derechos humanos, autor citado, CELS).
Siguiendo con la finalidad de fundamentar mi decisión (art. 171 de la Constitución provincial) advierto -primeramente- que durante este voto pivotearé (dinámica que ya he efectuado) entre la “pena” o su “ejecución” y entre “procesado” o “condenado” puesto que Crespo si bien se encuentra condenado y confirmada su condena (con lo cual se encuentra satisfecho el principio de la revisión judicial de la sentencia) también es cierto que su proceso sigue abierto, atento el recurso extraordinario federal interpuesto; y el art. 18 de la CN establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas; sin distinción aquí de procesados o condenados pues la interpretación de esta cláusula constitucional debe ser efectuada de la manera más idónea para preservar la dignidad del ser humano.
La seguridad a que alude la Constitución abarca dos sentidos. El de proteger al detenido contra todo acto que importe una lesión irrazonable a su dignidad y también el de la seguridad de la comunidad, no solamente para evitar que sea puesto en libertad antes del cumplimiento de su condena, sino también para que, a su respecto, se adopten las medidas necesarias para permitir su reinserción en la sociedad sin que ello se traduzca en un peligro potencial para ella.
Considero que la prisión domiciliaria es suficiente como cautelar en este caso excepcional puesto que existen circunstancias especiales y excepcionales que neutralizan los peligros procesales y promueven la reinserción de la mejor manera posible de una persona condenada a la sociedad. De esta manera doy operatividad no sólo a la manda constitucional antes citada, sino también a todas aquellas que surgen a partir de la incorporación de los Tratados de Derechos Humanos (arts. 5, 6, 11.1 y 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 2 5 párrafo 3 y 26 párrafo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 5.1, 5.2, 7.3 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 9.3 última parte, 10.1, 10.2a), 10.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Se ha destacado en la creación de este instituto el fin humanizador y resocializador de la pena, en contraposición a castigos especialmente crueles, y que respete el principio de proporcionalidad, culpabilidad, de última ratio, de no marginación, de respeto a la dignidad humana y el de pro homine.
Es claro que el beneficio de la prisión domiciliaria tiene una naturaleza diferente a la excarcelación, puesto que aquélla importa un cambio de modalidad en las condiciones de detención según las circunstancias particulares del imputado, por una más atenuada o morigerada, pero que, en sí misma, la privación de la libertad, sigue vigente. Y como consecuencia de ello, la gravedad de la pena en expectativa no aparece como un único elemento que sea decisivo a la hora de decidir el planteo de la defensa.
La prisión domiciliaria es un resorte previsto en la ley para aquellos casos en los que el encierro en las unidades carcelarias vaya más allá de la restricción ambulatoria y constituya -como el caso de Leonardo Crespo- verdaderos sufrimientos intolerables, coartando así otras garantías de raigambre constitucional. Estos padecimientos, que como expondré a continuación, hasta el momento han podido ser mitigados por el apelante- y que no quiere decir que lo puedan seguir siendo hasta el cumplimiento final de su encierro-. Es por ello que se justifica aplicar en casos especiales una medida coercitiva de menor intensidad sobre la persona, aun si por ello se tienen que sacrificar de alguna manera otro de los fines mismos de la pena para poder garantizar los derechos constitucionales esenciales. No debe olvidarse que los numerosos pactos que gozan de jerarquía constitucional le han reconocido a las personas privadas de la libertad un estándar mínimo de garantías y han puesto en cabeza del Estado la obligación de garantizarlas. Y así es como la prisión domiciliaria intenta resguardar los derechos que no son restringidos por la pena de prisión, como resultan ser, por ejemplo, el derecho- a la integridad física, a la salud, a la dignidad.
Soy de la opinión que como toda excepcionalidad, ésta debe ser demostrada y ante ella otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, pues de lo contrario la finalidad que contempla la Constitución Nacional no tendría efecto práctico.
El Tribunal que intervino en la anterior instancia restringió como fundamento de su decisión a la gravedad del hecho cometido y su pena en expectativa y a la circunstancia que haya recibido en dos oportunidades revisión judicial por un órgano jurisdiccional superior. En efecto el Tribunal argumentó que (fs. 34/37) “…De la reseña efectuada surge que la valoración de las características del hecho atribuido al encartado -aún procesado- ha pasado ya por el tamiz de tres tribunales, con el resultado -no firme- de la confirmación in totum de la decisión de la instancia de origen, que tiene como síntesis la imposición de la pena de veintidós años de prisión. La pendencia recursiva que mantiene el decisorio sin firmeza no puede hacer perder de vista la antedicha circunstancia.
La expectativa punitiva en el caso no deriva de una mera hipótesis ex ante formulada abstractamente en función de la escala punitiva de posible aplicación, sino de la ponderación realizada luego del juicio oral y público sustanciado por el tribunal de grado… Es innegable además, que una vez pronunciada sentencia condenatoria, la privación de libertad de quien ha sido condenado -aun cuando el fallo no haya adquirido firmeza- tiene como finalidad específica la de garantizar eventualmente, la ejecución de la pena…”.
También el representante del Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado han encorsetado su negativa al otorgamiento del beneficio en argumentaciones similares a las expuestas por el órgano de primera instancia, en oportunidad de celebrarse la audiencia en los términos del art. 168 bis del C.P.P. (fs. 25/28) .
No comparto tal razonamiento de valoración puesto que si bien es cierto que la pena privativa de la libertad es el eje central de sanción del Estado, también es real que, en ciertos casos y bajo ciertos supuestos y condiciones esa pena limitativa de la libertad durante largos períodos provocará en el sujeto una reacción negativa por sobre el ideal de la posibilidad de una correcta reinserción social; es así que en esas personas el encierro producirá trastornos psicológicos que limitarían su desarrollo intelectual y psíquico. Por ello, es mi convicción que en esos supuestos y en los cuales un cuadro táctico especial con indicios claros de excepcionalidad que le permitan avizorar “ex ante” al Juzgador la posibilidad de imposición de la mentada medida morigeradora, deviene necesario conocer a esas personas contra las que se dirige el castigo; a indagar sobre sus aspectos psicológicos y sociológicos, además de sopesar la decisión por la pena en expectativa.
Acorde a lo expuesto a través de la Presidencia que ejerzo en la actualidad de esta Sala dispuse la realización de informes ambiental y psicológico de Leonardo Crespo, a la vez que requerí informe al Servicio Penitenciario Bonaerense (fs. 83).
Ahora bien, inicialmente dije que existían especiales y excepcionales circunstancias que ameritaban el otorgamiento del beneficio solicitado.
Veamos. Del análisis del incidente de salidas para cursar estudios universitarios resulta que Crespo está cercano a concluir sus estudios universitarios en relación a la carrera de Periodismo, siendo que el Tribunal a guo consideró según resulta de fs. 52/57 vta. oportuno concederle al prevenido autorización para egresar sin custodia de la Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense para cursar algunas materias en las que se encontraba inscripto, bajo caución personal de quien se instituyera fiador por la suma de $25.000. Dicha autorización para egresar sin custodia y por motivos excepcionales, a la que el representante del Ministerio Público Fiscal al corrérsele vista no se opuso, se afincaba en el derecho constitucional a la educación (arts. 14 C.N., art. 163 incs. 2° y 3o del C.P.P.), y su cumplimiento corresponde sea valorado ahora positivamente al momento de considerarse el instituto de la morigeración peticionado, y la consiguiente neutralización de peligro para el eventual cumplimiento de la condena impuesta.
Con lo dicho también respondo -a contrario de las pretensiones del señor Fiscal de Cámaras Adjunto y del representante del particular damnificado- al principal argumento con el que se opusieron a la negativa en la concesión del beneficio solicitado -peligro de fuga-.
Sin perjuicio de señalar que la operada al inicio de estas actuaciones refiere a una situación diversa a la que ahora nos convoca, por la que no es óbice que me permita inferir el peligro que invocaron las partes al instrumentarse la audiencia en esta Sede (fs. 130/132 vta.).
También en ese sentido cabe meritar la voluntad de Crespo de sobreponerse a su situación de encierro y capitalizar el tiempo para el estudio – más allá de un título universitario anterior- pensando en una proyección para el mañana en el afuera laboral, lo que comulga con la finalidad que tiene en miras la aplicación de la pena privativa de la libertad y el ideal de resocialización a que se aspira, aún cuando la situación procesal de Crespo sea hoy la de un procesado.
Asimismo los informes remitidos por la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense en la que el imputado se encuentra alojado (fs. 97/99), han dado cuenta de una conducta alfanumérica ejemplar diez (10) teniendo un concepto bueno, al tiempo que se refirió que desempeña tareas satisfactoriamente en la faz laboral como trabajador administrativo en Ayudantía dependiente de la Jefatura de Vigilancia y Tratamiento. En tanto que del informe glosado a fs. 101/vta. se refiere un positivo rendimiento académico del nombrado, y beneficio de salidas transitorias para estudios concedidas por el Tribunal a cuya disposición se encuentra a partir del mes de mayo de 2012.
Por otro lado, de las conclusiones diagnósticas del informe ambiental practicado por Asesoría Pericial (fs. 108/111) en el domicilio de la madre de Crespo, del cual surge que el grupo familiar conviviente estaría integrado por la madre, la hermana y los dos hijos del procesado, resulta que “…Se manifiestan muy bien predispuestos a recibir al causante en el domicilio, hallándose dispuestos a sostener económica y afectivamente al mismo en el proceso, en caso de que obtenga alguna medida de morigeración a la privación de libertad. La entrevistada refiere que sólo estaría en la unidad funcional de planta baja para dormir, permaneciendo en la vivienda superior durante el día, junto a ella…Se infieren lazos afectivos sólidos, buena predisposición a recibir al causante en el domicilio, así como capacidad para la observancia y cumplimiento de aquellas reglas y normas que pudieran imponerse judicialmente…”. Al tiempo que también resulta del referido informe los problemas de salud de la madre de Crespo y de su hijo quien padece de epilepsia, lo que también resulta de los certificados agregados por la defensa a fs. 29/30 de las presentes actuaciones.
Finalmente de la pericia Psicológica obrante a fs. 123/125 vta., en lo que interesa destacar resulta que “… No se observan trastornos del pensamiento que puedan apartarlo de la percepción de la realidad (se descartan trastornos de tipo psicóticos) … Leonardo Rafael Crespo es una persona cuya capacidad de percepción y juicio de realidad no están alteradas . . . Presenta un discurso coherente, sin alteraciones en el curso y/o contenido del mismo … No organiza cuadros psicopatológicos del tipo de la psicosis…”.
Como bien señala el Dr. Barbosa, el imputado Crespo trabaja en la Unidad donde se encuentra alojado, se dedica intra muros a la práctica del rugby, inició además la Carrera de Periodismo de la cual es estudiante   avanzado, ha realizado práctica complementaria en la radio Keops (ver fs. 98 y 101). Ello implica el compromiso de Crespo para con él y su familia; el loable esfuerzo por no ser alcanzado por los valores negativos asociados a prejuicios con los que el imaginario social construye el estereotipo del delincuente; por no responder con el rol esperado dentro del encierro carcelario, lo cual implicó desde un primer momento la reafirmación en las expectativas de roles que desempeñaría Crespo. Basta para probar lo que digo el incidente de salidas sin custodia para realizar estudios universitarios.
Con lo hasta aquí dicho considero justificada la excepcionalidad prescripta por el art. 163 del ritual para el otorgamiento de la medida solicitada, con pie en una detallada valoración de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que he considerado relevante; lo cual no significa mi desconocimiento de la gravedad del hecho por el que viene condenado Leonardo Crespo.
Por todo lo antes expuesto, en este caso concreto entiendo que la morigeración de la prisión bastará como cautelar para asegurar los fines del proceso -en el caso, la eventual ejecución de la pena-; la que debe concederse en los términos del art. 163 inc. 1° del C.P.P. modalizada bajo la forma de prisión domiciliaria fijada en el domicilio de la madre de Leonardo Rafael Crespo Sra. Elsa Driussi sito en calle 1 N°185 1/2 e/ 35 y 36 de La Plata. Ello sin perjuicio de las autorizaciones para cursar la carrera universitaria de periodismo que fueran otorgadas oportunamente por el Tribunal Oral Criminal n° 4, quien deberá proseguir con el pertinente contralor del debido cumplimiento las mismas.
Por lo tanto, deberá devolverse este incidente al Tribunal interviniente para que previa determinación del control, se haga efectiva la medida cautelar atenuada.
En consecuencia, entiendo corresponde hacer lugar al recurso articulado por la defensa en los términos expuestos en el párrafo precedente, lo que así propongo al Acuerdo.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Silva Acevedo, adhirió al voto del Dr. Dalto, dando el suyo en igual sentido y por los mismos fundamentos.
POR ELLO, de conformidad con lo dispuesto por los
arts. 1, 2, 106, 163 inc. 1o, 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.; art. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 5, 6, 11.1 y 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 25 párrafo 3 y 26 párrafo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 5.1, 5.2, 7.3 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 9.3 última parte, 10.1, 10.2a), 10.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal
RESUELVE:
HACER LUGAR POR MAYORIA al recurso interpuesto por el Dr. Barbosa en favor de CRESPO LEONARDO RAFAEL, REVOCAR el auto obrante a fs. 34/37 del incidente de morigeración C-N°9443/8 que denegara el beneficio peticionado en favor del imputado en la Causa N°2188 del TOC N°4, y CONCEDER a LEONARDO RAFAEL CRESPO la medida de morigeración de la coerción en los términos del art. 163 inc. 1o del C.P.P. modalizada bajo la forma de prisión domiciliaria fijada en el domicilio de la madre de Leonardo Rafael Crespo Sra. Elsa Driussi sito en calle 1 N°185 1/2 e/ 35 y 36 de La Plata. Ello sin perjuicio de las autorizaciones para cursar la carrera universitaria de periodismo que fueran otorgadas oportunamente por el Tribunal Oral Criminal n° 4, quien deberá proseguir con el pertinente contralor del debido cumplimiento las mismas; devolviéndose este incidente al Tribunal interviniente para que previa determinación del control, se haga efectiva la medida cautelar atenuada.
Regístrese, y devuélvase sin más trámite al Tribunal a guo el presente incidente a sus efectos, encomendando las notificaciones pendientes a fin de no dilatar la causa y la instrumentación en función de los datos obrantes en el presente incidente el control, cuidado y vigilancia requerido en el inc. 1o del art. 163 del C.P.P.
( C-9443/8. Crespo Leonardo Rafael incid. Morigeraciòn.)